Los hogares con calefacción central tendrán que instalar nuevos contadores

El Gobierno ha publicado un borrador de real decreto que traspone la Directiva Europea de eficiencia energética.

 

El Gobierno tiene nuevos planes para los que residan en un edificio con calefacción central. Siguiendo la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo, relativa a la eficiencia energética, el Ejecutivo ha publicado un borrador de real decreto por el que obligará a los 1,7 millones de hogares españoles que poseen instalaciones centrales de calefacción a poner contadores individuales.

Esta normativa quiere ser más estricta con el sistema de reparto del consumo centralizado y que lo que paga cada propietario se acerque todo lo posible a la calefacción que gasta. Pero eso sí, cumplir con la norma no les va a salir gratis a las familias. La obligación que establece el texto, por el que todavía se pueden presentar alegaciones, es la siguiente:

En los edificios existentes que cuenten con una instalación centralizada de calefacción/refrigeración o estén abastecidos por una red de calefacción urbana o por una instalación centralizada que dé servicio a varios edificios, se instalarán contadores de consumo individuales, que midan el consumo de calor o refrigeración o agua caliente de cada vivienda o cliente final.

El 31 de diciembre de 2016 es la fecha límite para que todas la viviendas tengan instalado su contador. A partir de entonces, el sistema de cálculo por coeficientes (según los metros cuadrados de la vivienda) pasará a la historia y cada piso pagará en función del calor que realmente consume.

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Dos tipos de contadores

La normativa añade que cuando el uso de contadores de consumo individual "no sea técnicamente viable", se utilizarán repartidores de costes de calefacción para medir el calor en cada radiador. Esto es así porque hay dos tipos de sistemas de distribución del calor en los bloques de viviendas con calefacción central: por columna o en anillo.

Lo habitual en España, es que la calefacción de los pisos construidos antes del año 1998 esté dispuesta por columnas. "El radiador del dormitorio del 1º A comparte entrada con el del dormitorio del 2ºA y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil medir cuanto consume cada hogar con un sólo contador", explica a Libre Mercado el presidente de la Asociación Española de repartidores de Costes (AERCCA), Ignacio Abati.

Por lo tanto, cuando el texto se refiere a fincas que "no son técnicamente viables" se refiere a este caso. Los expertos calculan que 1,1 millones de hogares en España tienen calefacción por columnas y la norma les obligará a todos ellos a poner no sólo un contador, sino tantos dispositivos de medición como radiadores tenga su casa.

Pero, ¿cuánto cuestan los dispositivos? Pues de 20 a 25 euros cada uno más el coste del servicio de conteo (unos 4 euros anuales por radiador). Otra opción es alquilar los dispositivos a una empresa especializada por unos 7 euros al año por cada radiador. Lo más habitual es que una vivienda cuente con unos 6 radiadores.

A raíz de esta matización se desprende que 600.000 viviendas estarán obligadas a colocar un sólo contador en sus casas, que son las que tienen una calefacción distribuida en anillo. El precio de los contadores es mucho más caro, entre 250-300 euros más 35 euros al año del coste del servicio. Ignacio Abati afirma que muchas viviendas nuevas vienen ya con esos contadores, aunque la mayoría de sus propietarios no lo saben, y que un gran número de usuarios no tendrán que comprar el aparato.

La comunidad más afectada por esta medida será la Comunidad de Madrid, donde está aproximadamente el 40% del total de las fincas con calefacción central de España. León, Soria, Palencia y Burgos, son provincias donde también es muy habitual este sistema.

La sanción

Los expertos insisten en los beneficios de tener contadores individuales y aseguran que el ahorro es del 20%. "Es cuestión de comportamiento humano. Si sabes y pagas por lo que gastas no despilfarrarás. Si no usas nunca una de las habitaciones de tu casa, cerrarás el radiador", asegura Abati.

Respecto a las sanciones por no cumplir la normativa, el texto considera que deben ser las CCAA las encargadas de hacer que se efectúe aunque hay un criterio común para todas. Y es que si un propietario se niega a adherirse al nuevo sistema, deberá pagar como el vecino que más consume.